
El debate por el precio del pasaje vuelve a instalarse con fuerza en San Miguel de Tucumán. Los empresarios a cargo del transporte público de pasajeros ingresaron el pasado viernes un pedido formal por mesa de entrada del Concejo Deliberante para solicitar una actualización tarifaria. Según la información anticipada en exclusiva por el medio Los Primeros, esta medida abre un nuevo frente de discusión que impactará directamente en la economía diaria de miles de usuarios que dependen del servicio.
La presentación realizada por los dueños de las líneas de colectivos llegó acompañada de un detallado estudio de costos elaborado por el propio sector. Un dato que no pasa desapercibido en el ámbito político es que este informe privado tendría grandes similitudes con las mediciones realizadas previamente por el municipio capitalino. Ambos documentos coincidirían en una cifra contundente: si se eliminaran por completo los aportes estatales, el valor real del boleto en la ciudad debería costar entre $2.400 y $2.600.
Frente a este complejo panorama, el debate se centrará en determinar qué porcentaje de ese costo será cubierto por el sistema de subsidios y cuánto deberá absorber el bolsillo del pasajero. Si bien todavía no hay una definición oficial, fuentes del sector estiman que el pasaje mínimo, que actualmente tiene un valor de $1.250, podría pegar un salto para ubicarse en una franja de entre $1.500 y $1.600. Los empresarios justifican esta necesidad remarcando la severa crisis que atraviesan, fuertemente golpeados por la caída en la venta de boletos, el constante aumento del gasoil y los atrasos en la liquidación de las compensaciones.
Ahora, la resolución final está en manos del Concejo Deliberante, que deberá analizar minuciosamente los expedientes técnicos y evaluar la viabilidad del incremento en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo. Con el trámite parlamentario ya en movimiento, comienza una dura pulseada para definir el futuro del servicio, buscando un siempre tenso equilibrio entre la sustentabilidad que exigen las prestatarias y la realidad económica de los ciudadanos tucumanos.